APJ condenó amenazas contra miembros de la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional
Tegucigalpa.- La organización de sociedad civil, Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), condenó la series de amenazas que han recibido los miembros de la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional y que han trascendido públicamente.
Mediante un comunicado de prensa, la APJ condena este tipo de amenazas y se solidariza con los integrantes de la Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional; al mismo tiempo, exhortan a los miembros de esta Comisión, a no dejarse amedrentar por este tipo de intimidación y a mantenerse firmes y valientes en su actuar y en su determinación de continuar sugiriendo acciones como las que hasta el momento han dejado esperanza en la población, por los resultados concretos en términos de depuración.
El trabajo de la Comisión ha permitido que tres de los nueve generales, solamente el 33% fueran ratificados en sus cargos; y de los 47 comisionados evaluados, 49% de ellos han sido cancelados, comenzando desde arriba hacia abajo en la estructura policial, una demanda que fue constante durante los últimos cinco años a lo interno de la APJ.
La organización de sociedad civil exige al Ministerio Público (MP), que proceda a iniciar una investigación inmediata y exhaustiva para perseguir decididamente a los miembros de cualquier organización criminal o persona en particular, que busque intimidar e impedir el ejercicio pleno de las funciones de los miembros de la Comisión.
Asimismo, APJ demanda al MP designar suficiente personal calificado para proceder a analizar y dar seguimiento a los expedientes que estarán siendo enviados por la Comisión Especial y que involucren a elementos de la Policía Nacional en actos ilícitos, delitos, crímenes y acciones corruptas, para preparar los requerimientos fiscales necesarios ante los organismos judiciales.
Finalmente demandan al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la agilización en la investigación, confirmación de responsabilidad y pronta remisión al MP, de los expedientes de enriquecimiento ilícito en los que están señalados oficiales y agentes de la Policía Nacional.
