Secretaria de trabajo, no velará por los derechos de policías separados
El secretario del trabajo, Carlos Madero, advirtió que la dependencia estatal que dirige, no está facultada para velar por los derechos de aquellos policías que pudieran ser separados del órgano de seguridad, por estar implicados en corrupción.
Según Carlos madero, “Aunque la policía forma parte del Estado, no necesariamente hay una acuerpamiento con niveles internacionales, por motivo de ser un órgano de seguridad, podría decirse que ellos tienen una forma de protección diferente en virtud de que son organismos de seguridad, no es como una persona civil”.
Sin embargo según el decreto ejecutivo que permitirá acelerar la depuración y lograr la transformación del Ministerio de Seguridad y de la Policía Nacional aprobado en consejo de ministros, da facultad para que el ministro de seguridad Julián Pacheco, pueda prescindir del contrato de civiles y de auxiliares.
Ante esto el secretario del trabajo, manifestó “El tema de reestructuración es un causal de despido en el código del trabajo y en la ley de servicio civil, entonces, por lo tanto el hecho de que empiece un proceso de reestructuración, en primer lugar genera una figura legal que establece la ley, para poder rescindir un contrato”.
“Lo primero que hace el ministerio es saber, cuál es la causal que se invoca en el caso particular del órgano de seguridad y que ya está establecido, cual va a ser el procedimiento”, finalizó.
Por otro lado, aclaró que la secretaría del trabajo, siempre va a velar por los derechos de los trabajadores independientemente de la situación, pero aseguró, que el tipo o el mecanismo que se sigue en el caso de la policía son diferentes, porque es un órgano de seguridad y no un órgano civil normal.
Aseveró, que este proceso no es un proceso normal dentro de las estructuras de conflictos laborales , es por eso que se debe esperar en primera instancia, que trabaje la comisión re estructuradora.
El decreto de reestructuración policial fue aprobado el lunes 12 de abril, por el poder ejecutivo de Honduras, mismo que viene a afianzar el decreto de emergencia de la depuración de la Policía Nacional, aprobado la semana pasada en el Congreso Nacional.
