Bolivia acude a referendo sobre la continuidad de Evo Morales
Los bolivianos decidirán el domingo en referendo si avalan una década de gobierno de Evo Morales y le abren las puertas de la reelección, a la que aspira con el aval del despegue económico del país, pero con el lastre de la corrupción, el personalismo y los escasos avances sociales.
La mejora de la economía boliviana es incuestionable, con crecimientos anuales de hasta el 6 %, y ha sido avalada por organismos internacionales como el Banco Mundial, con datos objetivos como la disminución de la pobreza extrema del 38,2 % al 17 %.
La nacionalización de los hidrocarburos en el 2006, una de las principales medidas de Morales nada más llegar al poder, generó al Estado ingentes ingresos gracias a la venta de gas a Brasil y Argentina, pero con la caída de los precios del petróleo -a los que están indexados los de gas-, esos beneficios han comenzado a mermar con rapidez.
Esa década de bonanza es el principal de los argumentos que esgrime Morales, quien aspira a gobernar hasta el 2025 para poner en marcha la llamada «Agenda patriótica», un programa de medidas con el que se conmemorará el bicentenario del país andino.
La oposición ha mantenido un enfrentamiento encarnizado con el oficialismo en los últimos meses, y defiende que Morales no ha hecho sino recoger los réditos de medidas impulsadas por gobiernos anteriores.
Además, los partidarios del «no» acusan al Gobierno de despilfarrar millones en iniciativas que no eran imprescindibles para el país -como un satélite, un enorme museo de regalos en el pueblo natal de Morales y cientos de canchas de césped artificial- en detrimento de inversiones en los precarios sistemas de salud y educación.
En el haber del mandatario está también el palpable «empoderamiento» de los indígenas y el ascenso de una nueva burguesía de ese origen, aunque con el matiz de que las etnias más beneficiadas por las nuevas reglas sociales han sido los aimaras y los quechuas, mientras que los indígenas del oriente boliviano han denunciado reiteradamente que el actual Gobierno les discrimina.
De hecho, uno de los episodios más polémicos desde que Morales llegó al poder se debió a la frontal oposición de los indígenas de la Amazonía a un proyecto impulsado por el Gobierno para construir una carretera atravesando el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Securé (Tipnis).
Otra de las grandes bazas del gobernante es haber llevado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y convertir en un asunto de Estado el centenario reclamo boliviano de recuperar su litoral, perdido en una guerra contra Chile en el siglo XIX.
Se trata de un asunto que une a todos los bolivianos y en el que Morales ha involucrado directamente a todos los expresidentes del país, opositores o no.
El particular y personalista estilo de gobernar de Morales cosecha defensores y detractores por igual.
Quienes defienden el «sí» arguyen que es necesario que el actual presidente gobierne hasta el 2025 para consolidar su llamado «proceso de cambio», mientras los opositores consideran un insulto pensar que solo Morales puede garantizar el bienestar del país, y alertan de que se pretende modificar la Constitución en beneficio de una persona.
El deplorable estado de la Justicia, la legalización del trabajo infantil con 800.000 niños trabajadores en el país, los altos índices de violencia machista y contra la infancia y los ataques a la prensa son otros de los reproches que enfrenta Morales tras diez años en el poder.
Así las cosas, las dos opciones aparecían muy igualadas en las encuestas, aunque un escándalo de última hora, el primero que involucra directamente al presidente, ha inclinado la balanza hacia el «no».
Aunque el Gobierno de Morales había afrontado ya escándalos de corrupción como el del fraude del Fondo Indígena -proyectos «fantasma» que recibieron cuantiosas ayudas pero no se ejecutaron-, en la última semana se conoció que una expareja del mandatario es gerente de una empresa china con jugosos contratos con el Estado.
El caso, bautizado como el «zapatazo» porque la exnovia de Morales se llama Gabriela Zapata, ha causado indignación en el país y es el primero que atañe de forma tan personal al gobernante, que acusa a Estados Unidos de estar detrás de una «conspiración» en su contra.
La atmósfera previa al referendo, además, se tiñó de luto esta semana con la muerte de seis personas en un incendio provocado por una turba enfurecida en la Alcaldía de El Alto, antaño un bastión oficialista y ahora gobernada por la oposición.
Un alto cargo del Gobierno acusó a funcionarios municipales de haber provocado un «autoatentado», mientras la alcaldesa y testigos presenciales aseguran que entre la multitud enfurecida había personas relacionadas con el oficialismo.
El trágico suceso ha tenido lugar en una ciudad de mayoría aimara, la segunda más poblada de Bolivia, y que en ocasiones anteriores ha sido capaz de rebelarse y deponer gobiernos.
Tomado de RPP-Noticias
