Búsqueda de antídoto contra corrupción en Honduras podría tener errores fatales

Honduras.- Aprovechándose de lo que algunos han denominado la “Primavera Centroamericana”, un grupo de hondureños indignados están pidiendo la creación de un organismo internacional para poner un fin inmediato a la impunidad que durante tanto tiempo ha disfrutado la élite política del país. ¿Pero son sus demandas poco realistas, y podría la exigencia de una solución inmediata tener un efecto contraproducente?

Si bien Honduras no es un país conocido por tener una fuerte tradición de religiones orientales, últimamente las élites políticas del país han canalizado su Buda interno: entre dos extremos, los políticos han elegido el camino del medio. Desde entonces, esta pequeña nación centroamericana ha gozado de poca paz interior.

Si bien esta metáfora podría parecer tonta, es muy útil para comprender la actitud del gobierno para combatir la corrupción y su decisión de permitir que un organismo internacional que aparentemente tiene pocas capacidades sanee las poderosas fuerzas que mueven los hilos de esa corrupción.

El camino que llevo al país a esta situación no fue una línea recta. En Honduras la insatisfacción se ha cocinado a fuego lento durante años, a consecuencia de la enorme desigualdad en la distribución de la riqueza y a las elevadas tasas de homicidios que han hecho que el país sea considerado uno de los más violentos del mundo.

Las tensiones se caldearon en junio, cuando el presidente Juan Orlando Hernández admitió que su campaña presidencial de 2013 estuvo en parte financiada por fondos vinculados a un escándalo de US$200 millones en el Instituto de Seguridad Social del país. Aunque Hernández negó conocer el origen ilícito de estos dineros, la declaración desató una ola de protestas en todo el país, y miles de personas salieron a las calles para exigir el fin de la corrupción y la renuncia del presidente Hernández.

Hernández ha resistido, pero las grandes manifestaciones en la vecina Guatemala debido a un enorme escándalo de corrupción en el que estuvieron involucrados el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti enardecieron el descontento en Honduras, donde surgió un grupo conocido como los “Los Indignados”.

Este grupo, que al parecer está conformado por miembros de organizaciones populares y partidos políticos leales al derrocado presidente Manuel Zelaya, así como por ciudadanos del común y varias organizaciones no gubernamentales independientes, ha exigido la creación de un organismo contra la impunidad similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual es respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La CICIG ha sido fundamental para descubrir múltiples redes de fraude dentro del gobierno guatemalteco, incluida la que presuntamente dirigían Pérez Molina y Baldetti, que llevó a la dramática renuncia de los dos funcionarios y a su posterior encarcelamiento mientras son enjuiciados.

Dado que las presiones para tomar medidas han aumentado, a Honduras le quedaron dos opciones. La opción A consistía en negarse rotundamente a crear un organismo internacional de lucha contra la corrupción, alegando que ello violaría la soberanía nacional y que no era necesario. La opción B consistía en acceder a crear un organismo como la CICIG, dotado con amplias facultades investigativas, gran autoridad y un alto presupuesto. Guatemala eligió la opción B hace una década, mientras que el otro vecino de Honduras, El Salvador, recientemente se decidió por la opción A.

En lugar de decidirse por un camino u otro, Honduras eligió la opción C. A instancias del gobierno hondureño, a finales de septiembre, la Organización de Estados Americanos (OEA) anunció que estaba creando un organismo de lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Entre otras funciones, la denominada Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) estará dirigida por un panel internacional de jueces y fiscales encargados de supervisar las investigaciones sobre corrupción adelantadas por las autoridades hondureñas (vea la descripción aquí en pdf).

Aunque los manifestantes consiguieron lo que habían estado pidiendo a gritos: un organismo internacional de lucha contra la corrupción, esta decisión no fue tan celebrada. Muchos analistas consideraron que la MACCIH era simplemente un velado intento del gobierno por aplacar a quienes reclamaban la creación de una CICIG en Honduras, sin otorgarle realmente al organismo poderes suficientes para investigar los delitos y la corrupción.

“No la aceptamos [a la MACCIH]… ya que carece de algunas cosas importantes, [como] un ente de investigación independiente política y financieramente, que investigue todos estos casos de corrupción”. le dijo a InSight Crime Marcela Ortega, representante de Los Indignados, por Skype.

Aunque Buda seguramente habría aprobado la decisión, ésta dejó a Los Indignados aún más indignados.

Análisis de una rivalidad unilateral
Querámoslo o no, la MACCIH siempre será comparada con la CICIG. La serie de importantes investigaciones de la CICIG ha creado la expectativa de que su incipiente pariente hondureño debe producir resultados tangibles y de manera rápida.

“Nuestra misión como ciudadanos es presionarlo para que venga resultados lo mas pronto posible.” le dijo a InSight Crime Ariel Varela, portavoz de Los Indignados, mediante Skype. “No queremos que los resultados vayan a tardar siete años”.

Ortega le dijo a InSight Crime que el movimiento de Los Indignados “no es contra un partido político. Es contra un sistema corrupto”.

Varela había sido más directo en otra oportunidad.

«En Honduras, la primavera la vamos a vivir en el momento en que logremos hacer renunciar al presidente”, dijo.

Los Indignados no son los únicos que exigen resultados rápidos. La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) —una amplia coalición de organizaciones civiles y religiosas— también ha exigido que la MACCIH muestre “resultados inmediatos” en la lucha contra la corrupción (pdf).

Es comprensible que se exija que un organismo similar a la CICIG (o lo que algunos han llamado CICIH, sustituyendo la ‘G’ de Guatemala por la ‘H’ de Honduras) comience inmediatamente a investigar y enjuiciar a los políticos hondureños por corrupción. Sin embargo, por una serie de razones, las posibilidades de que esto ocurra son mínimas.

1. Enormes obstáculos políticos

Aunque se piensa en la CICIG como un lobo estepario, que ha ido a la caza de la corrupción solitariamente, la realidad es más complicada. En todas sus investigaciones, la CICIG ha trabajado de la mano con un renovado Ministerio Público (que en Honduras cumple las veces de Fiscalía General). Aunque se sabe que el Ministerio Público ha sido un aliado invaluable de la CICIG, el nombramiento de Thelma Aldana como fiscal general en mayo de 2014 fue considerado un gran avance en la campaña contra la impunidad emprendida por la exfiscal general Claudia Paz y Paz, quien fue esencialmente destituida antes de que su mandato terminara.

Hay suficientes razones para creer que los políticos hondureños harán intentos similares para retardar los avances de la MACCIH. De hecho, este organismo podría enfrentar aún mayores obstáculos políticos, ahora que las élites hondureñas conocen los alcances de un organismo internacional contra la impunidad.

2. Es una labor que toma mucho tiempo

Aunque ahora no lo recordemos, la CICIG no siempre ha parecido tener superpoderes para investigar la corrupción.

Creada en 2007, la CICIG operó durante años en Guatemala con resultados mixtos antes de que lograra llegar a las impresionantes investigaciones que implicaron a Pérez Molina y Baldetti en un fraude aduanero. Apenas el año pasado, siete años después de la formación de la CICIG, Guatemala aún era considerado esencialmente un Estado mafioso.

El pasado mes de abril, el mandato de la CICIG estuvo a punto de terminar. Si no hubiera sido por una gran presión internacional y por el oportuno escándalo aduanero —que estalló en ese momento, tal vez por pura coincidencia, o quizá como un movimiento estratégico—, es probable que la CICIG ya no existiera, y la avalancha de escándalos de corrupción no habría ocurrido.

No es casualidad que esto haya tomado tanto tiempo. La CICIG era un organismo totalmente nuevo, no tenía memoria institucional y tuvo que aprender a operar dentro de los límites del sistema judicial de Guatemala. Este es un proceso complejo y arduo que requiere grandes cantidades de tiempo y voluntad política. De modo que quienes piden “resultados inmediatos” y el derrocamiento del presidente Hernández en Honduras, no sólo están llamando a la creación de una CICIH, sino una CICIG con esteroides.

3. La historia de Guatemala

Aparte de los logros de la CICIG, su mera existencia ya es digna de destacar. Los poderes investigativos con los que cuenta la CICIG no tienen precedentes tratándose de un organismo internacional, y la comisión surgió, como dijo el ex vicepresidente guatemalteco Eduardo Stein, “bajo condiciones muy específicas que se dieron en ese momento”.

Parte de esas condiciones tienen que ver con la larga relación de Guatemala con la ONU. Como lo señala Latin America Goes Global, la ONU participó en el período de transición de posguerra en el país. Además, las autoridades guatemaltecas enfrentaban grandes presiones de la comunidad internacional para erradicar a las llamadas “estructuras paralelas” en el gobierno, que habían funcionado con impunidad durante décadas.

En cambio, Honduras —que no pasó por una guerra civil y no ha tenido una gran presencia de la ONU— no cuenta con la misma familiaridad histórica que un organismo operado por las Naciones Unidas, y las estructuras paralelas nunca han sido tan prominentes como en Guatemala. En gran medida, Honduras se ha librado de algunas de las experiencias dolorosas que facilitaron la creación de la CICIG en Guatemala.

El problema de las grandes expectativas

En esencia, no hay nada malo en exigir una acción rápida contra la corrupción en un país que necesita urgentemente una reforma del Estado. Los problemas comienzan cuando las expectativas no se cumplen, lo cual es casi inevitable dado que éstas son bastante altas. Varela le dijo a InSight Crime que Los Indignados no apoyarían ninguna misión, así esté respaldada por la ONU o la OEA, si no muestra resultados tangibles rápidamente.

“Nuestro labor como ciudadanos es presionarlo para que venga resultados de forma inmediata”, dijo Varela. “Si no hay resultados, vamos a empezar a pedir que la sociedad rechace la misión y que abandone el país”.

Si el pueblo pierde su entusiasmo por la MACCIH, ello debilitaría seriamente las posibilidades de que el organismo obtenga resultados. Los políticos que ya están alertas de que habrá mayor transparencia podrían intentar obstaculizar o debilitar el organismo y enfrentarían una reacción menos política si deciden no renovar su mandato. Como lo demostró la CICIG en Guatemala, el éxito —y la supervivencia— de un organismo investigativo internacional depende en gran medida del apoyo sostenido de una sección representativa y amplia de la sociedad y de los actores políticos, aunque los resultados no sean visibles inmediatamente.

Exigirle demasiado a un organismo internacional para que resuelva los problemas de corrupción de Honduras también podría desvirtuar los esfuerzos de un Ministerio Público que ha hecho grandes avances en la eliminación de la impunidad en los últimos años. En total, 20 sospechosos han sido acusados de tener conexiones con la red de fraude en el Instituto de Seguridad Social, y las autoridades han desmantelado varias redes de tráfico de drogas que antes se creía que eran intocables debido a sus discretos enlaces con las élites políticas y económicas.

Aún está por verse si estos avances representan un cambio fundamental en la manera como Honduras investiga los casos políticamente sensibles. Pero dada la coyuntura, se podría argumentar que a las autoridades hondureñas se les debería dar la oportunidad de demostrar qué más pueden lograr antes de solicitar un respaldo internacional, y que la presión internacional debería por lo menos enfocarse en mantener estos avances tanto como en proponerle al país una agencia de apoyo internacional como la MACCIH.

No cabe duda de que la corrupción en Honduras puede y debe ser enfrentada. Pero usar una retórica hiperbólica tiene también sus consecuencias. En lugar de tratar de seguir una fórmula establecida, Honduras debe buscar maneras realistas y específicas de combatir la corrupción. Entre tanto, reconozcamos y apreciemos a la CICIG por lo que realmente es: un milagro.

Fuente: InSight Crime