Destapan irregularidades en compra de carros blindados en la Secretaría de Seguridad
Tegucigalpa.- Un informe de Transparencia Internacional presentado en las últimas horas revela varias anomalías en la compra de vehículos blindados y el pago de salarios no devengados en la Secretaría de Seguridad de Honduras.
La investigación de Transparencia Internacional establece la compra irregular de 14 camionetas blindadas a un costo de 24.5 millones de lempiras.
De acuerdo con el informe, la camionetas blindadas fueron adquiridas entre los años 2013 y 2014, en compra directa, sin un estudio de precios de mercado, a través del cual se pudiese determinar si los precios ofertados por las empresas y el valor pagado a la compañía adjudicada, es un importe competitivo.
Las investigaciones develan que la empresa a la cual se le compró de manera directa las 14 camionetas blindadas es Latin American Armor Company S.A. ubicada en la colonia San Miguel de Tegucigalpa.
Además, el documento revela que de las 14 camionetas blindadas adquiridas a un costo de 24.5 millones de lempiras solamente cuatro de ellas están al servicio de la Secretaría de Seguridad, los restantes diez automotores de lujo están siendo utilizadas por otros funcionarios ajenos a la Secretaría de Seguridad.
Las investigaciones de HRN, sustentadas por el Coordinador de Investigación de la Alianza por la Paz y la Justicia, Luis León revelan que las camionetas restantes están siendo utilizadas en Casa Presidencial, otra esta asignada al Canciller de la República, Arturo Corrales y otra a la Directora de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, Miriam Guzmán.
Por otro lado, el documento establece irregularidades en la gestión del recurso humano de la Secretaría de Seguridad pues la institución carece de censos actualizados del personal.
Para el caso, las investigaciones revelan que 13 miembros de la Policía Nacional fueron cancelados, pero sus salarios seguían siendo procesados por varios meses.
El personal que fue separado de la institución policial en diciembre de 2013, siguió recibiendo su pago hasta julio de 2014, dejando perjuicios económicos a la Secretaría de Seguridad por 747 mil 522 lempiras.
El informe de Transparencia Internacional, destaca que los documentos sobre el personal que fueron facilitados por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial y por la Secretaría de Seguridad muestras inconsistencias entre sí.
En el archivo de altas y bajas, consta la cancelación de 144 policías durante el 2013, y 559 en el año 2014.
No obstante, esta información difiere de la facilitada por la Unidad Legal de la misma entidad.
La cual reporta que para el 2013 hubo la emisión de 654 acuerdos de cancelación, y 664 para el 2014, existiendo una diferencia de 613 casos entre ambas bases de datos.
Según la información registrada por la Unidad Legal, para el año 2013 y 2014 el 40 por ciento del personal abandonó la institución injustificadamente, el 29 por ciento se retiró voluntariamente
El 4 por ciento de estos servidores públicos fueron cancelados por existir procesos judiciales en su contra y un siete por ciento por resultar aplazados en las pruebas de confianza. (Fin)
Fuente: HRN
