Gobierno crea Junta Interventora para solucionar los problemas del SANAA
Tegucigalpa, .- El Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández decidió hoy en Consejo de Ministros la creación de una Junta Interventora en el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).
El secretario ejecutivo del Consejo de Ministros, Ebal Díaz, informó de que, según el decreto aprobado, “esta Junta Interventora tiene el mandato de resolver todos los problemas suscitados al interior de esta institución tan importante para el pueblo hondureño”.
Uno de esos problemas lo identificó, por ejemplo, con el alto costo por el servicio que deben pagar los pobladores de las zonas periféricas de una ciudad como Tegucigalpa, que es incluso hasta 50 veces más elevado en relación con el que cancelan los habitantes de zonas residenciales.
“Eso es debido al mal sistema de distribución y abastecimiento; las personas que viven fuera del casco urbano pagan hasta 50 veces más el precio del agua en relación con las zonas que tienen este servicio”, manifestó.
Díaz también señaló que muchos inconvenientes que enfrenta el SANAA se han suscitado por “los contratos colectivos que se han firmado entre el sindicato y las administraciones anteriores bajo condiciones completamente desfavorables para el pueblo hondureño”.
Todas esas cargas que se acuerdan o firman en esos contratos colectivos –prosiguió Díaz-, quien los paga al final es el pueblo hondureño y ejemplo de ellos es que, al despedir a un empleado de esa institución, a veces se le tiene que pagar hasta 10 veces más el valor del pasivo laboral establecido en el Código de Trabajo.
Explicó que, si los contratos colectivos entre el SANAA y el sindicato se negociaran en base a ley y con el Código de Trabajo, la cancelación del personal tendría un costo de 1,000 millones de lempiras.
Sin embargo, remarcó que con las cláusulas fijadas en dichos contratos dicha cancelación del personal le costaría al país la suma de 5,000 millones de lempiras, lo que representa un monto extra de más de 4,000 y hasta 4,500 millones de lempiras.
“Esas cantidades, además de injustas, no pueden ser pagadas por el pueblo hondureño y por eso se ordenó la intervención de esta institución y la nominación de una Junta Interventora”, manifestó Díaz.
El funcionario no adelantó quienes serán los integrantes de la Junta Interventora, en vista de que primero debe publicarse el decreto en el Diario Oficial La Gaceta.
