Honduras: Icefi destaca que la búsqueda de sostenibilidad fiscal se está haciendo a costa del bienestar social y beneficiando a sectores particulares de la élite económica
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó, durante un foro organizado junto a la Fundación Friedrich Ebert, el documento “Un ajuste a la medida de las élites económicas. Diagnóstico de las finanzas públicas hondureñas en 2014 y perspectivas para 2015.”
El Icefi muestra que la carga de la reducción del déficit fiscal estuvo basada en el aumento de los impuestos indirectos, mientras que al mismo tiempo se ampliaron exoneraciones y privilegios a grupos económicamente fuertes. Al mismo tiempo se redujo la prestación de servicios públicos esenciales en educación y salud, así como los subsidios a sectores de bajos ingresos. En el caso de las exoneraciones, no solo se aumentaron sino que se dejaron lagunas en las leyes para que fueran aprovechadas por sectores económicos para no pagar impuestos, como es el caso del sector turismo.
El Icefi reconoce la importancia de la reducción del déficit fiscal de 7.9% del PIB en 2013 a 4.4% en 2014; sin embargo, cuestiona la forma cómo se alcanzó dicha reducción. Del aumento de alrededor once mil millones de lempiras en impuestos en 2014, dos terceras partes provino de los impuestos indirectos que gravan el consumo, lo que representó un incremento de los ingresos en 1.6%% del PIB. En contraste, los impuestos directos, que gravan el ingreso y la riqueza, redujeron su participación en los ingresos tributarios de 32.5% en 2013 a 29.9% en 2014, siendo su contribución al aumento de ingresos de únicamente 0.1% del PIB.
En lo que se refiere al gasto público, se reconoce los mejores controles presupuestarios al impedir los gastos sin asignación presupuestaria que en el pasado fueron fuente de mayores desequilibrios fiscales. El gasto público en 2014 estuvo caracterizado por los siguientes aspectos: la reducción del peso de sueldos y salarios en el gasto total, el fuerte aumento del pago de intereses, la reducción de transferencias corrientes, la caída de la inversión pública y el fuerte aumento de las transferencias de capital.
El Instituto vuelve a destacar en este tercer diagnóstico que por el lado del gasto público, la reducción del nivel de la inversión pública continúa siendo preocupante y afectará las posibilidades futuras de crecimiento económico. En efecto, el nivel de inversión pública en 2014 se redujo a 2.1% del PIB con respecto al 2.5% del año anterior y alcanzará un reducido 0.9% del PIB en 2015. Las inversiones a realizar por las alianzas público-privada, además de la opacidad manifiesta de sus contratos, no compensa la significativa caída de la inversión pública.
Por otra parte, las transferencias de capital muestran un aumento considerable en los programas presidenciales de «Vida Mejor», que junto con otros programas, llegan a más de ocho mil millones de lempiras cercanos al 2% del PIB. Mientras tanto los presupuestos de salud y educación permanecen prácticamente congelados para 2014 y 2015, mostrando similares niveles a los observados en 2013. Esto muestra que la integralidad de la política social se ha ido perdiendo, favoreciendo los programas de asistencia social con fuerte contenido político.
La deuda pública continúa limitando las posibilidades de una política fiscal más activa y ha alcanzado el 45% del PIB lo cual constituye un riesgo. De hecho, los recursos utilizados en 2014 y 2015 para servicio de la deuda alcanzan veinte y cinco mil millones de lempiras para el primer año y cerca de treinta mil millones de lempiras (6.8% del PIB) en el segundo. Este monto representa cerca del 45% del total de ingresos tributarios esperados para 2015, y más de dos veces el monto de recurso asignados al sector salud.
En materia de transparencia si bien es cierto que el Gobierno de Honduras se ha adherido a iniciativas de transparencia internacionales, como la Alianza de Gobiernos Abiertos, también ha adoptado decisiones que limitan el acceso a información como el caso de la denominada Ley de Secretividad que deja a criterio de funcionarios públicos qué tipo de información proporcionar, promoviendo una cultura de opacidad contraria a sus obligaciones democráticas y a las actuales exigencias ciudadanas.
En conclusión, el Instituto advirtió que el programa de ajuste fiscal contiene luces y sombras, pues si bien se ha logrado contener el deterioro de las cuentas fiscales, esto ha sido a costa del bienestar de la población.
En ese sentido, el Icefi reiteró su insistencia por un cambio de rumbo de la política fiscal en Honduras, para construir acuerdos políticos que privilegien el bienestar de la población. Esto se puede lograr fortaleciendo la administración tributaria en su lucha contra los principales delitos tributarios (evasión, contrabando, defraudación); eliminando privilegios fiscales y poniendo en práctica una agenda de reformas tributarias que cambien la actual estructura tributaria inequitativa que caracteriza al país. Asimismo, el Instituto resaltó la necesidad de conseguir una mayor vinculación del gasto público con la planificación y el cumplimiento de metas de desarrollo y de crecimiento económico, observando criterios de progresividad y equidad.
Finalmente, el Estado debe asumir una agenda concreta y creíble para mejorar la evaluación de impacto de las políticas públicas, ampliar la transparencia y mejorar la rendición de cuentas a la ciudadanía hondureña.
