INJUPEMP en la mira por casos de corrupción

Tegucigalpa.- En tanto avanza el proceso para desenredar el nefasto episodio del Seguro Social, está en agenda la ejecución de acciones contra los culpables de la corrupción en el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP).

El Ministerio Público se apresta a ejecutar otras iniciativas acusatorias que permitirían avanzar en la deducción de responsabilidades penales a los protagonistas del oscuro episodio que tiene entre sus principales protagonistas al ex director, Andrés Torres, a algunos de sus parientes y funcionarios de escala intermedia.

Aparentemente el asunto ha mantenido un perfil bajo, debido a que la mayor atención ha estado condensada en las investigaciones y procesos derivados del latrocinio en contra del sistema de seguridad social.

Si bien el expediente que involucra al ex director, Mario Zelaya, y sus secuaces ha sido calificado como de “monstruoso”, No menos infame es el capítulo de putrefacción del INJUPEMP.

Alrededor de este caso, las instancias competentes han librado dos requerimientos fiscales. El mes pasado, miembros de los cuerpos de seguridad y del orden detuvieron al ex jefe de la Dirección Financiera, Carlos Zúniga, y al yerno del ex titular de la institución, Manuel de Jesús Barahona.

Las investigaciones llevadas a efecto por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), se iniciaron en marzo de 2014, en torno a varios rubros: El despilfarro de dinero encubierto de ayudas humanitarias, la contratación externa de abogados, la compra irregular de bonos y contratación de familiares del director.

En la primera de tales líneas, el CNA identificó irregularidades en la administración del INJUPEMP por parte de sus antiguas autoridades, a quienes se señala de haber manejado una planilla por concepto de “ayudas humanitarias” que hizo posible hacer erogaciones a personas ajenas a la institución hasta por 70 mil lempiras.

Asimismo, fueron identificadas partidas por publicidad y propaganda por más de dos millones de lempiras que fueron utilizados a discreción por el ex director, Andrés Torres.

Mayor nivel de gravedad entraña la contratación de abogados externos sin observar los procedimientos legales. Tal causa representa para el INJUPEMP la cantidad de 82 millones, de los cuales ya se han cancelado un poco más de 23 millones hasta el momento de la documentación realizada por el Consejo Nacional Anticorrupción.

Otro de los ejes de la corrupción que germinó rápidamente en la mencionada entidad de jubilaciones y pensiones es el que atañe a la compra de bonos a la Universidad Nacional por valor de 152.9 millones de lempiras, un caso que involucra al yerno del señor Torres y al entonces jefe de Finanzas, Carlos Zúniga y al ex tesorero, Mario Córdova.

En este caso se documentó que la firma “Diazgar”, constituida por sus socios Mario, César e Iván Díaz García, recibió una comisión de 1.8 millones de lempiras por su papel intermediario, la cual fue enterada a favor del yerno de don Andrés Torres, pese a que éste nunca fue ni empleado ni funcionario del INJUPEMP.

Una segunda adquisición de bonos del Estado, siempre tenidos por la máxima casa de estudios, comprometió la cantidad de cien millones de lempiras y dejó una comisión de 3.2 millones de lempiras que, igualmente, fueron canalizados a través de “Diazgar”.

Para la sustentación del caso de corrupción del INJUPEMP, la Fiscalía cuenta con la documentación de respaldo facilitada por el CNA en lo que respecta particularmente a la contratación de familiares del ex director.

Al respecto, se ha anotado que por lo menos 26 parientes tanto de Andrés Torres como de su compañera de hogar, Ana Flores, e incluso familiares de sus empleadas domésticas fueron empleados en puestos clave de la entidad con salarios entre 12 mil y 87 mil lempiras mensuales.

La lista la complementan familiares de la primera esposa y del yerno de don Andrés Torres, así como parientes del ex responsable de la División Administrativa, Aníbal Bendezu. En total, la carga del nepotismo le costó al INJUPEMP casi 800 mil lempiras mensuales.

Existe la percepción de que en el país se ha avanzado en la aplicación dura de la ley contra aquellos servidores y sus “socios” que han hecho de la corrupción su modo operativo. El tiempo dirá si las investigaciones son llevadas hasta las últimas consecuencias, a fin de que las tropelías cometidas en perjuicio de las instituciones del Estado, en este caso en perjuicio del INJUPEMP, No queden desvanecidas en puros “escándalos”.

Tomada de Radio HRN