Detención judicial a exministra Rocío Tabora

Tegucigalpa. El Ministerio Público, por medio de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), obtuvo la detención judicial en contra de la extitular de la Secretaría de Finanzas, Rocío Isabel Tabora, involucrada en el megafraude de los Hospitales Móviles comprados durante la pandemia de COVID 19.

La exfuncionaria fue puesta a la orden de los juzgados en materia de criminalidad organizada y corrupción por miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en cumplimiento a una orden de captura que se desprende del proceso instruido en su contra por suponerla responsable de los delitos de fraude a título de cooperador necesario y violación a los deberes de los funcionarios, aprehensión que se ejecutó en el sector fronterizo de El Guasaule, frontera con Nicaragua.

Será en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) que la imputada cumplirá con la medida cautelar limitativa de la libertad que le fue impuesta, mientras se lleva a cabo la audiencia inicial señalada señalada para el próximo lunes 20 de noviembre.

Más temprano, se desarrollaba la audiencia inicial en la que se pide auto de formal procesamiento para el contador general de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Carlos Luis Guevara Mondragón, por fraude a título de cooperador necesario; el asesor legal y administrador de contratos de Invest-H, Héctor Antonio Herrera Flores, por fraude a título de cooperador necesario y el representante legal de la empresa AG-Industria, Daniel Antonio Ardón, por fraude a título de cooperador necesario.

Son coimputados, aún prófugos de la justicia, la extitular de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores Ferrufino, por falsificación de documentos públicos, fraude a título de cooperador necesario y violación a los deberes de los funcionarios; la ex viceministra de Finanzas, Roxana Melania Rodríguez Alvarado, por fraude a título de cooperador necesario y violación a los deberes de los funcionarios y la exempleada de Invest-H en el área de contrataciones y adquisiciones, Bessy Roxana Rodríguez Mendoza, por fraude a título de cooperador necesario y violación a los deberes de los funcionarios.

Como se recordará, el Estado de Honduras compró siete unidades hospitalarias construidas en Turquía, pero de acuerdo a dictámenes periciales rendidos por expertos e inspecciones realizadas, no se reunían las condiciones requeridas para el aislamiento y tratamiento de personas afectadas por el virus COVID 19, con enorme daño para la salud del pueblo hondureño y el patrimonio público que se ha visto afectado por el orden de CUARENTA Y SIETE MILLONES, QUINIENTOS DOCE MIL, QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO DÓLARES AMERICANOS ($ 47,512,564.00) equivalente en lempiras a un monto aproximado de MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS, CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (L. 1,174,517,764.33).

Por este mismo caso, el Ministerio Público logró en mayo del 2022 sentencias condenatorias contra el exdirector de la estatal Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) Marco Bográn, quien fue condenado a 10 años y 11 meses de cárcel por fraude agravado en la compra de siete hospitales móviles. Bográn fue penado por el tribunal de sentencia en materia de corrupción, que además resolvió que el acusado deberá pagar una sanción de 1,475 millones de lempiras (47,5 millones de dólares), más una inhabilitación para no ejercer en la administración pública por el doble de la condena recibida.

El mismo tribunal de sentencia en materia de corrupción resolvió inhabilitar por nueve años, cuatro meses y quince días para que no pueda optar u ostentar empleo o cargo público, al exgerente administrativo de Invest-H, Alex Moraes, acusado de cometer a título de autor el delito continuado de violación de los deberes de los funcionarios.

Otro logro importante que obtuvo el Ministerio Público en el caso Hospitales Móviles fue la sentencia de privación definitiva de dominio de más de 100 millones de lempiras (4.2 millones de dólares) asegurados a petición de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la UNAF por Estados Unidos a Axel Gamaliel López Guzmán, acusado por el caso de la compra fraudulenta, ya que fue él quien vendió los siete hospitales móviles.