CRISTOSAL y FEDACC presentan el “Estudio sobre el acceso a la justicia de la población LGBTIQA+,
particularmente de la población Trans, en Guatemala, Honduras y El Salvador”
La Fundación CRISTOSAL con el apoyo del Proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho en América
Central y el Caribe – FEDACC de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) en marco del mes del Orgullo
LGBTIQA+ presentó el “Estudio sobre el acceso a la justicia de la población LGBTIQA+, particularmente de la
población Trans, en Guatemala, Honduras y El Salvador”.
El objetivo de realizar el estudio fue identificar y sistematizar los principales obstáculos y/o vacíos para el
acceso a justicia de poblaciones histórica o estructuralmente afectadas.
El estudio es un análisis del impacto en el derecho de acceso a la justicia de las personas LGBTIQA+, en
particular personas Trans en Guatemala, Honduras y El Salvador, en situaciones en las que existen prejuicios
por las personas operadoras de justicia; por lo cual centra su análisis en la identificación de barreras y
obstáculos que se presentan en la protección y atención de las víctimas LGBTIQA+, de manera particular
víctimas de crímenes de odio, así como el abordaje de los casos por las instituciones de los Sistemas de Justicia
de la región.
Las personas participantes en el grupo focal del estudio expresan que, si bien, ha habido algunos avances en
materia de protección a personas LGBTIQA+, pero aún falta mucho camino por recorrer para lograr el
verdadero acceso a la justicia de estas poblaciones.
Dentro de las principales situaciones que afectan los derechos de las personas LGBTIQA+ en el país, se
destacan:
• Falta de acceso a servicios de atención integral para personas LGBTIQA+.
• Restricciones en el acceso a servicios de salud, educación, entre otros; basados en negación y no
reconocimiento de su identidad de género.
Las personas consultadas en el estudio identifican que, entre todos esos factores, el primer orden es ocupado
por los fundamentalismos religiosos, ya que los funcionarios y las funcionarias anteponen sus propias
creencias y prejuicios para su trabajo.
En Honduras se identifica, además, la inexistencia de leyes, políticas públicas y protocolos que les favorezcan,
siendo esta una de las principales situaciones que afectan el ejercicio y protección de los derechos de las
personas LGBTIQA+.
El trato y la atención a las víctimas por crímenes de odio basados en la orientación sexual, identidad de género
y expresión de género que brinda el personal del Ministerio Público, fue valorado como “fatal”, “con mucha
falta de interés”, “sin respeto hacia la víctima”, “nulo”, “triste”, “mediocre”, “corrupto”, “pésimo”, “deficiente”,
“pobre”, “revictimizante”, “criminalizante”, “sesgado”, “inhumano”, “patriarcal”, “muy machista”, “malísimo”,
“inexistente”.
Principales conclusiones del Estudio:
• En Guatemala, Honduras y El Salvador, cada día, las personas LGBTIQA+ enfrentan situaciones que
comprometen el ejercicio de sus derechos y representan riesgos para sus vidas.
• Los prejuicios, los estigmas, las creencias religiosas arraigadas en la sociedad suponen barreras para
su desarrollo y proyecto de vida.
• El fundamentalismo religioso y la falta de voluntad política de las autoridades nacionales, que se
agudiza con la institucionalización de discursos de odio en algunos de los países y la normalización
de la violencia en contra de esta población, constituyen verdaderos obstáculos a superar para avanzar
en el posicionamiento de los derechos de esta colectividad en la agenda nacional y asegurar el
cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por cada uno de los Estados.
• La información obtenida, da cuenta de graves crímenes cometidos en perjuicio de personas
LGBTIQA+ por el único motivo de su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de
género; la representación más grave de esta violencia lo constituyen los asesinatos de personas de la
diversidad sexual, con elementos característicos de crímenes de odio, no solo por el género de las
víctimas, sino por la modalidad empleada para cometerlo, tales son los casos de mujeres trans
asesinadas con signos de haber sido violadas, crucificadas, torturadas, amarradas de pies y manos,
mutiladas en sus genitales, entre otros.
• Ante la situación evidenciada se considera que en Guatemala, Honduras y El Salvador no existen
garantías que aseguren, con efectividad, la prevención de violaciones a derechos de las personas
LGBTIQA+ ante los posibles riesgos que la sociedad y las mismas autoridades representan.
• Una de las principales barreras identificadas en el acceso a la justicia de las personas LGBTIQA+ en el
presente estudio, es el desconocimiento de las personas operadoras de justicia en materia de género
y diversidad sexual, lo que origina o produce que la atención de las víctimas y las investigaciones de
los crímenes se permean y afecten en modo negativo, por sus prejuicios, su ignorancia, impericia,
negligencia y su falta de compromiso.