Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional reveló este lunes que solicitarán que el estado de excepción que se aplica en más de 150 barrios y colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula, se extienda a unos 145 municipios del país que están registrando niveles de criminalidad altos.

El titular de la institución policial, Gustavo Sánchez Velásquez, anunció que pedirá al Poder Ejecutivo que se extienda el estado de excepción que fue decretado por la Presidenta Xiomara Castro en Consejo de Ministros, con el fin de combatir la extorsión, criminalidad y otras acciones delictivas.

La medida entró en vigencia el pasado martes 6 de diciembre y tiene vigencia hasta el próximo 6 de enero del 2023, período en que las fuerzas del orden realizan acciones contra “maras” y criminalidad organizada.

Los jerarcas policiales señalaron que pedirán que la vigencia del decreto sea extendida más allá del 6 de enero del 2023, a fin de lograr los medios jurídicos que les permitan combatir a los criminales.

El jefe policial indicó que las medidas de excepción deben ampliarse a las ciudades con mayores índices de violencia y criminalidad, usualmente las que tienen una mayor tasa poblacional.

Según Sánchez Velásquez, fuerzas vivas de unos 145 municipios se han comunicado con la Policía Nacional, para solicitar que se instale un estado de excepción.

DESDE EL CONGRESO

El secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, pidió el domingo que las principales ciudades de Olancho, Juticalpa y Catacamas, sean incluidas en el estado de excepción.

Añadió que en el Congreso Nacional estudia la posibilidad que se extienda el estado de excepción para otras ciudades de Honduras.

“Cuando se plantee la extensión solicitaremos que se incluya en ese programa que está dando buenos resultados contra la criminalidad y es importante que se mantengan las estrategias”, subrayó el secretario legislativo.

Sánchez, de su lado, destacó que las acciones realizadas hasta ahora dejaron la captura de más de un centenar de personas, además la desarticulación de más de una veintena de grupos criminales y la incautación de más de 55 kilos de cocaína, marihuana y dinero de extorsiones.

Así, consideró que el estado de excepción es una medida acertada y efectiva, que solo afecta a las estructuras criminales y por ello estima que más del 99 por ciento de la población no estará siendo afectada con las acciones que puedan desprenderse al respecto.

Asimismo, subrayó que: “Lo que al inicio se miraba con mucho temor, hoy hay mucha esperanza y satisfacción porque el ciudadano común y corriente, el ciudadano honesto y de a pie no está siendo afectado en lo absoluto”.

200 DETENIDOS

Al respecto, según las autoridades de la Dirección Policial Anti Maras y Padillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), desde el inicio del Plan Integral Antiextorsión y Delitos Conexos, han sido detenidas 228 personas vinculadas a estructuras criminales, de las cuales 141 tenían órdenes de captura.

El subdirector de la Dipampco, Eduardo Lanza, destacó que las operaciones con diversas fuerzas de seguridad contra grupos organizados, han tenido éxito, ya que están estableciendo paz y seguridad en al menos 162 barrios, colonias y aldeas en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Indicó que por ahora las personas detenidas están relacionadas con la pandilla 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13), pero no descartan capturar a integrantes de estructuras independientes.

Respecto a si el estado de excepción se debe ampliar a otros sectores de Tegucigalpa y San Pedro Sula, así como en otras ciudades donde hay influencias de “maras” y pandillas, Lanza indicó que esa decisión no depende de la Dipampco o de la Secretaría de Seguridad, sino de las autoridades de alto nivel del Estado.