En una columna anterior me planteé exponer un poco de la historia y origen de los beneficios fiscales y los objetivos que se buscan obtener. También debemos analizar el contexto internacional cuando debatimos sobre las mejores políticas económicas que se implementan.

Recientemente Guatemala aprobó una Ley de Incentivos para la movilidad eléctrica que incluye un paquete de exenciones fiscales en la compraventa de vehículos y sistemas de transporte como el impuesto de valor agregado (IVA) de importación y de primera venta, y también exención en repuestos y cargadores. También contempla una exención al Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los proveedores de servicio de carga y a ensambladores o productores de vehículos electicos.

Lo anterior merece un análisis detallado en dos aspectos, el primero, es que Guatemala dio exenciones y no exoneraciones. La diferencia es relevante ya que las exoneraciones fiscales requieren mecanismos de control como la solicitud de la exoneración ante las autoridades fiscales a fin de poderlas utilizar. Las exenciones no requieren ningún tipo de proceso o gestión para gozar de ella. Es decir que Guatemala ha facilitado el beneficio ya que lo que el objetivo es motivar a la empresa privada para incursionar en esta industria y a la vez, motivar a la población a adquirir estas nuevas tecnologías.

En el caso de esta ley de incentivos para la movilidad eléctrica no es la generación de empleo per se, es la de incentivar el crecimiento de la industria en esta nueva tecnología por los beneficios colaterales que tiene para la población, el medioambiente y el país en general. Menciono el caso de Guatemala porque es nuestro mayor competidor, y debemos valorar las decisiones a nivel nacional para no caer en una situación de desventaja no solo ante Guatemala, sino también ante el resto de Centroamérica.

Por último, también debemos estar conscientes que no todos los beneficios fiscales se aplican de forma permanente, en el caso de la energía renovable la exoneración al ISR es por 10 años, es decir que al año 11 pagan impuestos, similar al caso de turismo que la duración de la exoneración del ISR es de 15 años. Como mencione en la columna anterior, existen exoneraciones al impuesto del combustible para generación de electricidad que se aplica de forma permanente no solo en Honduras sino a nivel de Centroamérica, ya que el país que decida implementarlo incrementaría su costo de electricidad automáticamente reduciendo la competitividad del país.

Asimismo, es necesario que las autoridades revisen los mecanismos de control que se implementan por parte de las autoridades ya que, en el caso de las exoneraciones, la Secretaria de Finanzas cuenta con controles como el registro de exonerados y para cada solicitud de una exoneración se debe justificar porque se solicita. Si las autoridades identifican que existe una empresa que cuenta con una exoneración para importar maquinaria para el agro, pero está importando automóviles de lujo europeos, evidentemente se está incumpliendo con la Ley, pero no es recomendable generalizar y eliminar el beneficio ya que pagarían justos por pecadores.

Por último, considero necesario que como país nos hagamos las siguientes preguntas a modo de reflexión, ¿Qué sucederá con la competitividad de Honduras, su capacidad de producir nacionalmente y exportar al exterior, si eliminamos los beneficios fiscales en el agro? ¿Qué sucederá con el objetivo de transformar la matriz eléctrica a un 80% renovable si se eliminan los incentivos a la generación renovable? ¿Qué sucederá con la generación masiva de empleo si se eliminan los beneficios fiscales a la maquila? ¿Qué sucederá con la atracción y promoción del turismo como eje de desarrollo si se eliminan los incentivos fiscales al sector turismo?

Si el objetivo de esta decisión de las autoridades de revisar los regímenes fiscales es encontrar mecanismos que permitan incrementar la recaudación tributaria, sugeriría que se contemplen opciones que más bien permitan ampliar la base de contribuyentes. Sigo siendo un fiel creyente que, si las autoridades deciden invertir fuertemente en mejorar la situación del servicio eléctrico, reduciendo las interrupciones del suministro, mejorando la calidad e incrementando la confiabilidad, se dará un crecimiento económico fuerte de forma natural. A mayor número de nuevas empresas, habrá mayor generación de empleo, y por inercia incrementará la recaudación de impuestos tanto a nivel de gobierno central como municipal.