COLUMNA: Electrocutados con un aumento del 35%: “Medidas de Alivio”: Por Kevin Rodríguez Castillo, Economista Especialista en Energía

En días reciente se ha generado un gran malestar en la población hondureña luego de ver reflejados aumentos de 200, 500 y hasta 1000 lempiras en su recibo del servicio eléctrico. Y con justa razón ya que hoy están pagando los platos rotos por decisiones impulsadas por criterios políticos y no técnicos, económicos ni sociales.

Debido a lo interesante pero extenso que es el tema de tarifas, he procurado redactar esta columna en dos partes. En esta ocasión me voy a enfocar en lo más relevante para la población hondureña que es entender como “leer mi recibo de la luz” y tener mejor certeza de cuanto será el aumento real que se tendrá.

Por simplicidad, en esta ocasión me voy a enfocar en un análisis básico del comportamiento de las tarifas en los últimos 6 meses, sin considerar los subsidios y congelamientos que el Gobierno aplicó a finales del 2021. La Ley General de la Industria Eléctrica establece que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) deberá revisar los costos de generación cada tres meses, los de transmisión cada 3 años, y los de distribución cada 5 años.

Nuestra Ley, así como la de muchos países en Centroamérica emplea un tiempo de 3 meses para suavizar la variación que vemos en nuestro recibo de la electricidad, ya que si es mensual sería altamente volátil y complicado de llevar control, y si fuese cada 12 meses las alzas y rebajas serían mucho más fuertes.

Pero ¿Qué sucedió a partir del mes de julio del 2021? Debido a la crisis energética mundial, en la que los costos del crudo han llegado a precios récord, en el caso del barril de Texas (WTI) alcanzó los $84 en el mes de octubre, el más alto desde el 2014, también se incrementaron los costos de los combustibles importados utilizados para la generación en Honduras y Centroamérica. Lo anterior implicó que la CREE aprobó un ajuste hacia el alza de aproximadamente 9.8% para el tercer trimestre del 2021 comprendido entre los meses de julio, agosto y septiembre. Sin embargo, el Gobierno decidió subsidiar dicho incremento para los abonados residenciales con consumos menores a 350kWh-mes, y para los abonados del sector comercial con consumos menores a 3,000kWh-mes. En la práctica, durante este período de tiempo la tarifa promedio debió haber incrementado de 4.08 L/kWh a 4.46 L/kWh, pero no sucedió para 1.5 millones de abonados.

Luego, para el cuarto trimestre del 2021 se aprobó un nuevo ajuste al as tarifas hacia el alza de aproximadamente 10.9%, pero esta vez el Gobierno Central determinó congelar la tarifa a la totalidad de los 1.9 millones de abonados de la ENEE, ricos y pobres, grandes y pequeños. En los últimos 3 meses del 2021 la tarifa promedio que se debió pagar fue de 5.03, pero debido al subsidio y congelamiento, no ocurrió.

Llegamos al 2022, se ajustó nuevamente la tarifa hacia el alza en un valor de aproximadamente 13.3%, pasando a costar 5.58 L/kWh en promedio. No obstante, por el vencimiento de las medidas de alivio que estaban vigentes hasta diciembre del 2021, el valor promedio reflejado en los recibos de la electricidad incrementó de 4.08 L/ kWh a 5.58 L/kWh, un aumento de 1.50 lempiras. Es decir, en lugar de tener aumentos de 0.50 lempiras cada tres meses, “nos brincamos” dos ajustes y recibimos un impacto de 1.50 lempiras, o un aumento del 35% para muchos abonados. En el caso de los hogares, por los primeros 50kWh consumidos pasaron de pagar 3.3657 L/kWh en junio 2021 a pagar 4.6361 en enero 2022. Para los consumos mayores a 50kWh pasaron de pagar 4.3796 en junio 2021 a pagar 6.0327, es decir, un 37% de aumento acumulado. En resumen, para un hogar que consume 300kWh mes en promedio, en lugar de tener aumentos de 160 lempiras cada 3 meses, el impacto fue de 476 lempiras solo por el concepto de energía.

Me parece que ha quedado claro el impacto de los subsidios y congelamientos mal implementados, los subsidios no son malos, de hecho, tienen una razón de ser que valdrá la pena abordar en futuras ocasiones. Pero la realidad es que los fondos que maneja el Gobierno no son ilimitados, son producto del trabajo diario que realizamos todos los hondureños, y deben ser aplicados bajo los principios económicos que todos los recursos son limitados y deben ser utilizados eficientemente para sacarles el mayor provecho posible.

El lado positivo de todo esto, si es que lo hay, es que las nuevas autoridades podrán analizar a profundidad lo realizado por el anterior gobierno y tendrán la oportunidad de implementar medidas de alivio mucho mejor planificadas, usando análisis socioeconómicos que permitan focalizar los recursos en los que verdaderamente los requieren.